Desahucios en Tenerife: qué aclara el Constitucional sobre los procedimientos suspendidos

Qué resuelve y qué ya estaba anulado

La sentencia desestima la impugnación de la disposición transitoria tercera de la Ley 12/2023. Esta contempla un intento previo de conciliación o intermediación para reanudar ciertos procedimientos suspendidos al amparo de los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020 cuando quien reclama es gran tenedor. El Tribunal considera constitucional esa exigencia en los términos examinados.

Al mismo tiempo, declara la pérdida de objeto respecto de varios preceptos ya anulados por sentencias anteriores. Entre ellos figuran los artículos 439.6 c), 439.7 y 655 bis de la Ley de enjuiciamiento civil. No los anula por primera vez ni los recupera. Distinguir el requisito de reanudación de aquellos requisitos de acceso al proceso evita conclusiones equivocadas. La referencia es ECLI:ES:TC:2026:64.

La publicación no reactiva por sí sola un lanzamiento

Esta resolución no decide un desahucio individual ni señala una fecha de lanzamiento. Tampoco permite afirmar que todos los propietarios deban seguir el mismo trámite de intermediación. El supuesto examinado tiene condiciones específicas, relacionadas con la causa de suspensión y con la condición de la parte actora.

Antes de pedir una reanudación hay que revisar también las normas de suspensión y sus modificaciones temporales aplicables al caso. La noticia es la publicación de una sentencia sobre constitucionalidad; no anuncia una nueva prórroga ni una fecha general de finalización de las suspensiones.

Cómo preparar la revisión de un expediente en Tenerife

Nuestra propuesta es empezar por la resolución que suspendió el procedimiento. Anota su fecha, fundamento y condiciones, y añade las decisiones posteriores. Después, separa la documentación sobre el inmueble de la relativa a las partes: contrato o título, demanda, contestación, informes aportados y comunicaciones con los servicios públicos.

Si se invoca un intento de intermediación, conserva la solicitud, el justificante de presentación y la respuesta recibida. No basta con recordar que se hizo una llamada: interesa poder explicar qué se pidió, ante qué servicio y con qué resultado. La documentación exigible debe contrastarse con la regla concreta que resulte aplicable.

Para la persona demandada, conviene tener localizadas las notificaciones y la información actualizada que se haya aportado al juzgado. Para quien solicita recuperar la posesión, resulta útil preparar una cronología de las actuaciones pendientes. En ambos casos, esa revisión permite valorar el siguiente escrito sin convertir un titular en una garantía de suspensión o de recuperación inmediata de la vivienda.